COLEGIO DE PROFESIONALES EN CRIMINOLOGÍA DE COSTA RICA

MANIFESTACIÓN PÚBLICA

SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA PENAL COSTARRICENSE Y

LA PARTICIPACIÓN DE LAS DIFERENTES INSTANCIAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL.

1. Que la Pena Privativa de Libertad se ha asentado casi única, como medio de sanción penal y es vista y aceptada en nuestra sociedad costarricense como medio de venganza y no como medio de habilitación o rehabilitación social del infractor.
2. Que los diferentes actores del Sistema Penal Costarricense, llámese sociedad civil, Fuerza Pública, policía represiva (O.I.J y Fiscalía), Defensa Pública, víctimas, Poder Judicial (Juzgados, Tribunales, Sala y Jueces de Ejecución Penal), Ministerio de Justicia (Dirección de Adaptación Social e Instituto Nacional de Criminología), organizaciones internacionales, Órganos Latinoamericanos, Continentales y globales, hacen sus mejores esfuerzos por atender el reto de reducción de la criminalidad.
3. Que las valoraciones que de forma independiente realizan cada uno de los actores citados desde su perspectiva, sobre las variables propias de esta temática, ocasionan conflictos, tales como los dejan ver, las actuales declaraciones nacidas a raíz de la reciente orden de liberación emitida, en total apego a sus potestades y responsabilidades, por un Juez de Ejecución Penal, son solo una manifestación sintomática de una enfermedad mayor que aqueja a la Nación.
4. Que nuestra sociedad, está enfrentando el manejo de la violencia y la criminalidad social -a criterio de este Colegio Profesional- con profunda falta de coordinación y comunicación. De manera que se cerquen las propuestas, medios y soluciones implementadas por cada instancia, haciendo que la labor de una entre en discordancia con las demás.
5. Que a pesar de que cada ente involucrado tiene de su lado su razón, la justificación de sus acciones que consideramos válidas, generan esfuerzos importantes en su campo de acción y están cumpliendo con sus funciones de forma especialmente valiosa; lo cierto es que los resultados de cada instancia no están siendo planificados de forma integral.
6. Que es urgente concatenar las acciones de cada organización actuante, de manera que resulten provechosas a la sociedad costarricense ayudando en el proceso de inserción o reinserción social del delincuente, la reparación del daño o la ejecución de la pena.
7. Que la falta de comunicación y medición de capacidades de las diferentes instancias para dar sentido útil a sus tareas según el papel de cada cual, está ocasionando que la responsabilidad se asiente casi de manera única en el Ministerio de Justicia, cuando son todos los miembros del Sistema Penal quienes deben actuar en sincronía para obtener los resultados que la sociedad espera y que el Estado se ha propuesto en el manejo de la Violencia y la Criminalidad.
8. Que los conflictos entre instancias gubernamentales, solo están produciendo desconfianza y recelo en la sociedad.
9. Que la Criminalidad no es un asunto exclusivo de las instancias Policiales Judiciales de este país, sino que deben ser asumidas de manera integral en la sociedad costarricense y sobre todo por las dependencias gubernamentales muchas de ellas que siendo necesarias en su actuar no han participado en el abordaje de la temática de Políticas Criminales.
10. Que las controversias vistas en los últimos días podrían, casi de forma segura, generar impulsos en los costarricenses, que se manifiesten con violencia en diferentes vías, como pérdida de credibilidad en el Sistema Penal Nacional, en la efectividad de Jueces, Policías y Abogados; en actuaciones de violencia social y toma de la justicia por propia mano, a la ingobernabilidad del tema de Seguridad Ciudadana, la falta de denuncia con crecimiento de cifras negras en delitos diversos, entre otras manifestaciones de insatisfacción.
11. Que la ausencia de Políticas Criminales del Estado Costarricense, son ya una necesidad evidente y urgente. Ignorar esta ausencia de reglas de tratamiento de la Criminalidad agrava día con día la situación, cobra víctimas de todo tipo y principalmente debilita la cohesión de una sociedad que busca las respuestas que de no aparecer serán satisfechas por medios no deseados.
12. Que la adopción de Políticas Criminales objetivas, con visión de largo plazo, basadas en un sincero deseo social alejado de intereses político partidistas que busquen ser coordinadas y especialmente inclusivas, debe crearse como respuesta a la descoordinación evidente.

1. El Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica, con profundo respeto, pero con una posición crítica, constructiva y sana, solicita al Gobierno de la República, acepte esta iniciativa y se proponga una mesa de discusión, en donde participen las diferentes instancias involucradas en el tratamiento de la criminalidad.
2. Un foro que no se limite al tema penitenciario, sino que permita avanzar hacia la creación de una verdadera coordinación del Sistema Penal Costarricense y siente las bases para la creación de las Políticas Criminales de la Nación, considerando los esfuerzos que dentro de los alcances nacionales, regionales y continentales se realizan.
3. Insta a las diferentes dependencias y organizaciones que tienen dentro de sus colaboradores a profesionales en Criminología para que aprovechen el conocimiento y trabajo que pueden aportar al tema desde el interior de cada una, conscientes que muchos de nuestros colegas están siendo sub valorados o encasillados en funciones que no necesariamente son propias de su profesión, desperdiciando potencialidades y conocimiento que el país merece aprovechar.